Finalmente se consumó el atraco. Los diputados locales pusieron la cereza en el pastel de la ignominia que han venido cocinando, desde hace tres años que asumieron el (en)cargo de dizque “representarnos”, aprobando el deleznable endeudamiento público de 1,500 millones de pesos que SGM (Su Gentil Mandatario), Marcelo de los Santos, les solicitó en calidad de “aquí nomás mis chicharrones truenan”. En efecto, para que no haya duda de que los diputados, con la honrosa excepción de Jorge Alejandro Vera Noyola de Conciencia Popular y Jorge Aurelio Álvarez Cruz del Verde Ecologista, sirvieron de vulgar tapete (recuérdese que los tapetes finos son los persas que merca en caras subastas el inefable secretario particular del gobernador, Arturo Álvarez Muñíz) para que pasara sin mayor crítica el crédito millonario, Marcelo no pudo resistir el poner la puntilla en la vapuleada dignidad diputadil cuando afirmó, categórico: “yo soy el que sigo mandando aquí”. Pues sí. Con la seguridad de que la miel escurre por donde sea necesario, no podía esperarse que las posturas ideológicas impidiesen el atraco. Todos por igual: de centro, derecha e ¡izquierda!, tuvieron que ceder al planteamiento del gobernante. Cero cuestionamiento, al contrario “todo bien, al fin que el de atrás paga” (dicho sea sin albur).
En tiempos de crisis, tal parece que la memoria es flaca. Hace algunos años se condenaba el gran asalto en despoblado que significó el ominoso Fobaproa, por medio del cual se rescató con recursos públicos a los banqueros, permitiendo el saneamiento de instituciones financieras que, luego, fueron vendidas a intereses extranjeros y rematando la cartera incobrable a los cuates para que hicieran espléndidos negocios. Ahora, guardadas las proporciones, aquí nos encontramos, de alguna manera, con nuestro peculiar Fobaproa, rescatando con recursos públicos los desaciertos, derroches y falta de previsión de nuestro gobierno estatal, dejando como saldo neto más de 12 mil millones de pesos, que todos tendremos que pagar por varias generaciones en términos de escasa obra pública y deterioro del bienestar social. Se alegará que no se trata de rescatar a los privados. Quién sabe, ya empieza a conocerse que muchos de los recursos serán para tapar los hoyos de constructores, proveedores y demás contratistas preferidos del gobierno, que fueron hasta indebidamente avalados con el poder de la firma del ejecutivo. Todo esto, sin contar con el elevado monto que se tendrá que pagar por el servicio de la deuda que, bajita la mano, se calcula en poco más de 112 millones de pesos anuales (Pulso, 10 de agosto de 2009).
Se ha dicho que una lección que debe extraerse de este amargo episodio es la de fijarse bien por quien votar. A falta de identidad ideológica y mínima formación jurídico-política, lo que restaría es fiarse por la trayectoria personal, ponderando si los candidatos a representantes populares se caracterizan, cuando menos, por la sencillez, la honestidad y el sentido común. En el caso de nuestros legisladores, la condena es unánime: casi enloquecieron al disfrutar de un podercillo, sobre todo económico, del que habían adolecido prácticamente a lo largo de sus vidas. Se pararon en un ladrillo y se marearon. Es entendible, más no justificable, que culminaran su período cobrando (quien sabe si hasta barato) el favor dispensado. En este orden de ideas, surge la pregunta: ¿y porqué no se aprobó el endeudamiento antes del 5 de julio? La respuesta se antoja inverosímil: porque se tenía que evitar el arribo de Alejandro Zapata, puesto que ya como mandatario electo sería muy difícil que los diputados azules se atrevieran a contrariarlo. Pero la ingratitud es propia de una política sin moral: Alejandro pierde y deja de ser el factótum. Ni los legisladores más allegados a su causa se dignaron seguir su recomendación de evitar el endeudamiento. “No es cuestión de vida o muerte”, decía Zapata, empero… lo contrariaron.
Otra lección es la de evaluar los límites de la democracia representativa y sus más viables correcciones. Una de las argumentaciones que más se han pronunciado por la clase política para, presuntamente, corregir los excesos de la actual “política” que se practica en ejercicio de la representación popular, es la de permitir la reelección, por lo menos legislativa. El supuesto es que llevaría a una mayor profesionalización de la clase política y, por ende, mejor desempeño en el (en)cargo público. Ya nos imaginamos lo que hubiese ocurrido con una clase de diputados como los que tenemos, capaces hasta de modificar la ley de duda pública para extender el techo de endeudamiento en la siguiente legislatura y así seguir endeudándose “hasta que el presupuesto nos separe”. ¿Por qué mejor no pronunciarse por la revocación de mandato o el ejercicio de plebiscito y referéndum para este tipo de problemas controversiales y que requieren de la aprobación activa de la mayoría de la población y no sólo de quienes dicen que “nos representan”? Con sobrada razón, los manifestantes del recinto legislativo, el día en que se aprobó el endeudamiento, se dolieron de los diputados por su cinismo y concha para aguantar… desde mentadas de madre hasta que los traten como “pendejos”, según diversa crónica periodística. ¿Qué sigue? Solo queda esperar que los recursos vayan al destino que realmente interesa para la población, lo cual es de dudarse, porque los pobres de San Luis seguirán estando más pobres. Ya algunos alcaldes hasta se frotan las manos para reclamar la tajada que les corresponde y repartirse en sus cabildos los bonos de marcha y compensaciones de fin de trienio. El gobernador dice que se terminarán las faraónicas obras que decidió hacer para memoria de su gloria, aunque no sirvan más que para que unos cuantos se sirvan de ellas en calidad de negocio (como el Centro Estatal de las Artes, que se puede rentar para fiestas privadas y banquetes, casi como en la época de Leopoldino Ortíz, cuando hasta se preguntaba a quien requería el servicio: ¿con pollo o sin pollo?, es decir, ¿con gobernador o sin gobernador?). Nomás eso faltaría para que se repitiese la historia dos veces, una como farsa y la otra como tragedia.
En tiempos de crisis, tal parece que la memoria es flaca. Hace algunos años se condenaba el gran asalto en despoblado que significó el ominoso Fobaproa, por medio del cual se rescató con recursos públicos a los banqueros, permitiendo el saneamiento de instituciones financieras que, luego, fueron vendidas a intereses extranjeros y rematando la cartera incobrable a los cuates para que hicieran espléndidos negocios. Ahora, guardadas las proporciones, aquí nos encontramos, de alguna manera, con nuestro peculiar Fobaproa, rescatando con recursos públicos los desaciertos, derroches y falta de previsión de nuestro gobierno estatal, dejando como saldo neto más de 12 mil millones de pesos, que todos tendremos que pagar por varias generaciones en términos de escasa obra pública y deterioro del bienestar social. Se alegará que no se trata de rescatar a los privados. Quién sabe, ya empieza a conocerse que muchos de los recursos serán para tapar los hoyos de constructores, proveedores y demás contratistas preferidos del gobierno, que fueron hasta indebidamente avalados con el poder de la firma del ejecutivo. Todo esto, sin contar con el elevado monto que se tendrá que pagar por el servicio de la deuda que, bajita la mano, se calcula en poco más de 112 millones de pesos anuales (Pulso, 10 de agosto de 2009).
Se ha dicho que una lección que debe extraerse de este amargo episodio es la de fijarse bien por quien votar. A falta de identidad ideológica y mínima formación jurídico-política, lo que restaría es fiarse por la trayectoria personal, ponderando si los candidatos a representantes populares se caracterizan, cuando menos, por la sencillez, la honestidad y el sentido común. En el caso de nuestros legisladores, la condena es unánime: casi enloquecieron al disfrutar de un podercillo, sobre todo económico, del que habían adolecido prácticamente a lo largo de sus vidas. Se pararon en un ladrillo y se marearon. Es entendible, más no justificable, que culminaran su período cobrando (quien sabe si hasta barato) el favor dispensado. En este orden de ideas, surge la pregunta: ¿y porqué no se aprobó el endeudamiento antes del 5 de julio? La respuesta se antoja inverosímil: porque se tenía que evitar el arribo de Alejandro Zapata, puesto que ya como mandatario electo sería muy difícil que los diputados azules se atrevieran a contrariarlo. Pero la ingratitud es propia de una política sin moral: Alejandro pierde y deja de ser el factótum. Ni los legisladores más allegados a su causa se dignaron seguir su recomendación de evitar el endeudamiento. “No es cuestión de vida o muerte”, decía Zapata, empero… lo contrariaron.
Otra lección es la de evaluar los límites de la democracia representativa y sus más viables correcciones. Una de las argumentaciones que más se han pronunciado por la clase política para, presuntamente, corregir los excesos de la actual “política” que se practica en ejercicio de la representación popular, es la de permitir la reelección, por lo menos legislativa. El supuesto es que llevaría a una mayor profesionalización de la clase política y, por ende, mejor desempeño en el (en)cargo público. Ya nos imaginamos lo que hubiese ocurrido con una clase de diputados como los que tenemos, capaces hasta de modificar la ley de duda pública para extender el techo de endeudamiento en la siguiente legislatura y así seguir endeudándose “hasta que el presupuesto nos separe”. ¿Por qué mejor no pronunciarse por la revocación de mandato o el ejercicio de plebiscito y referéndum para este tipo de problemas controversiales y que requieren de la aprobación activa de la mayoría de la población y no sólo de quienes dicen que “nos representan”? Con sobrada razón, los manifestantes del recinto legislativo, el día en que se aprobó el endeudamiento, se dolieron de los diputados por su cinismo y concha para aguantar… desde mentadas de madre hasta que los traten como “pendejos”, según diversa crónica periodística. ¿Qué sigue? Solo queda esperar que los recursos vayan al destino que realmente interesa para la población, lo cual es de dudarse, porque los pobres de San Luis seguirán estando más pobres. Ya algunos alcaldes hasta se frotan las manos para reclamar la tajada que les corresponde y repartirse en sus cabildos los bonos de marcha y compensaciones de fin de trienio. El gobernador dice que se terminarán las faraónicas obras que decidió hacer para memoria de su gloria, aunque no sirvan más que para que unos cuantos se sirvan de ellas en calidad de negocio (como el Centro Estatal de las Artes, que se puede rentar para fiestas privadas y banquetes, casi como en la época de Leopoldino Ortíz, cuando hasta se preguntaba a quien requería el servicio: ¿con pollo o sin pollo?, es decir, ¿con gobernador o sin gobernador?). Nomás eso faltaría para que se repitiese la historia dos veces, una como farsa y la otra como tragedia.
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